POR NARCISO ISA CONDE.- La cola de Barrick es larga y es justo pisársela.
A falta de valor para nacionalizarla, antes de hacerle cualquier otra concesión, los gobiernos de turno debieron y deberían modificar sustancialmente el contrato-estafa que le garantiza cargar los pasivos ambientales, las compensaciones a los propietarios de terrenos de la reserva fiscal, la toma de agua gratis de la Presa de Hatillo, la impunidad de delitos ambientales y las ventajas financieras concedidas.
La presa de cola húmeda del LLagal es un depósito de veneno de larga duración y altos riesgos, aún después de concluida la vida útil de la mina.
Un grave peligro para la sanidad de las aguas subterráneas, con vocación de catástrofe ecológica en caso de accidentes estructurales o geológicos; nada extraños en ese tipo de presas, de acuerdo a la experiencia mundial.
Urge, pues la prohibición de la construcción de cualquier otra presa similar en ese y otros peores como el de Gold Quest en SJM.
En tales circunstancias hemos luchado contra la expansión de la explotación minera a beneficio de la Barrick y contra su propuesta de otra presa de cola; pero el reciente decreto 270-22, asumido por el Poder Ejecutivo-Abinader y los Ministerios de Energía y Mina y de Medio Ambiente y Recursos Naturales -Almonte y Ceara respectivamente- amplía concesión de la Reserva Fiscal de Montenegro en 3,113 hectáreas mineras, totalizando unas 7,995.
Se dice que no es para explotación de minerales, sino solo para lo relacionado con el proyecto de presa de cola húmeda; esto está muy mal aun sea solo un proyecto sujeto, como todos, a presentación de los estudios de impacto ambiental y de factibilidad en un plazo de 36 meses, lo que no es nuevo como condicionante.
En este caso lo diferente apunta para peor, porque al conceder nuevas áreas de expansión por decreto gubernamental que amplía la reserva fiscal, se cargan sobre el Estado –y no sobre la corporación transnacional- los costos de compensaciones materiales al valor de la tierra y a la reubicación de los viejos propietarios; consolidando y potenciando la estafa a fondos que los contribuyentes aportan al erario.
Otra diferencia es la flagrante violación por el actual gobierno de procedimientos que deberían ser inviolables, en tanto se señala de entrada que “el proyecto es de altísimo interés para el Estado dominicano”; lo que luce un respaldo anticipado inusual. El decreto es legalmente innecesario, confuso, complaciente y con pinta tramposa.
